La oposición casi en bloque critica las «prisas» del Gobierno y la «falta de consenso», pero ve rechazados sus vetos por la mayoría del PP.
La controvertida reforma ferroviaria, entre cuyos objetivos destaca «propiciar la apertura de la red para potenciar el uso de la alta velocidad», pasó ayer su primera revalida parlamentaria. Lo hizo gracias a la mayoría absoluta que disfruta el PP, y pese a que la oposición casi en bloque había presentado hasta cinco vetos al texto legal por las «prisas» del Gobierno en sacar adelante a toda costa un texto que, a su juicio, padece de «falta de rigurosidad y transparencia, descoordinación y ausencia de consenso», tanto con el resto de formaciones política como entre los agentes del sector, desde sindicatos a empresas interesadas en entrar.
Las criticas de estas compañías, sin embargo, tienen un fondo distinto al de los grupos parlamentarios. Para ellas, aunque se ha avanzado respecto a los planes iniciales del Ministerio de Fomento en la apertura de este mercado, los cambios son todavía «insuficientes». Hasta el punto incluso, advierten, de que no está nada claro el éxito que desde la Administración se presume para la liberalización del corredor de AVE de Levante, donde en teoría debería haber un operador privado compitiendo con Renfe en 2016. Pero, para los políticos, los problemas devienen precisamente por el lado contrario. El PSOE, por ejemplo, estima que el Ejecutivo se «precipita» en abrir este sector a la empresa privada «sin esperar a que la UE lo exija a los estados miembros y concrete una fecha». Recuerda así que el llamado cuarto paquete ferroviario aún se está tramitando en Bruselas y no existe una postura común entre los Veintiocho.
En una línea similar, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) critica que la oferta se incline «desmedidamente» hacia la alta velocidad (AVE), mientras que los partidos nacionalistas (PNV, ERC y BNG) estiman que el Gobierno ha invadido competencias autonómicas y no ha recabado todos los informes preceptivos, extremo que rechaza Fomento.
El proyecto de Ley del Sector Ferroviario fue aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de mayo, apenas dos meses después de haber dado el visto bueno a su versión inicial. Las principales novedades afectan a los cánones que percibe ADIF, el ente público que administra las infraestructuras ferroviarias (vías y estaciones sobre todo), de manera que desaparece el de acceso a la red aunque se crean otros dos nuevos: uno por utilizar instalaciones de energía eléctrica de tracción, necesarias para que los trenes puedan rodar, y otra por uso de zonas para carga y descarga de mercancías.
La Rioja
