Santa Fe. – El proyecto fue apoyado por el oficialismo. La oposición votó en contra. El Ejecutivo tendrá 24 meses para elaborar un marco regulatorio específico. Por ahora será el mismo que el de los colectivos.
En la sesión de este jueves, el Concejo Municipal a través de la modificación de la Ordenanza Nº 12.156, estableció un marco regulatorio provisorio para el funcionamiento del tren urbano. De esta forma, el plazo de 120 días para la elaboración de un marco regulatorio específico será ahora de 24 meses, desde la puesta en funcionamiento del transporte público ferroviario de pasajeros.
El texto aprobado prevé a su vez, que “hasta tanto el servicio (…) cuente con un marco regulatorio propio, el recorrido, paradas y frecuencias (…), serán establecidos por la autoridad de aplicación –del servicio de transporte público de pasajeros por colectivos–, una vez finalizadas las etapas de pruebas y experimentación que fueren pertinentes”.
Se estableció además que para la elaboración de un marco regulatorio específico, el proyecto previamente deberá ser remitido al Concejo para su aprobación.
Entre los puntos que deberá contemplar se encuentra la inserción del tren urbano en el marco general del sistema de transporte público de pasajeros y del Plan de Desarrollo de la Ciudad; la incorporación de medidas para los usuarios y de seguridad vial; la difusión de información cierta, clara y adecuada respecto de las condiciones del servicio; la previsión de condiciones de accesibilidad; y el análisis de costos y tarifas del servicio.
Además, desde el momento de inicio de la prestación del servicio y hasta que ingrese al Concejo el proyecto de regulación, el Ejecutivo deberá remitir al legislativo local informes semestrales donde se especifiquen aquellas cuestiones vinculadas a la planificación, implementación y proyección del servicio. Desde el Concejo De los 14 concejales que componen el cuerpo legislativo, 10 votaron a favor, y cuatro en contra.
Los que se opusieron fueron Ignacio Martínez Kerz, Juan José Saleme, Sebastián Pignata y Fernando Fleitas. En tanto, en diálogo con Diario UNO, el concejal oficialista, Ariel Rodríguez señaló que el Concejo decidió extender los plazos a 24 meses para que se produzca naturalmente un conocimiento más fino de cómo funciona el sistema y se pueda avanzar en un marco regulatorio específico.
“Mientras, esta es una norma que permite justamente articular con la Ordenanza Nº 11.580 que es la que regula el sistema de transporte por colectivos”, añadió. En virtud de la elaboración de una norma específica para el tren urbano, durante el plazo establecido, Rodríguez manifestó que el municipio deberá observar “el funcionamiento del sistema, la frecuencia, las paradas, el mecanismo con el que funciona, las adecuaciones, y los lugares donde se va a producir la interfase de los dos sistemas (colectivos y ferroviario)”.
“En definitiva, nos parece que es conveniente tener en funcionamiento el tren urbano, para producir en base a esa experiencia, la norma regulatoria definitiva. Sino, a nuestro entender, estaríamos produciendo un tipo de norma, que podría no adecuarse al sistema de transporte”, explicó.
Destacó además que en la iniciativa aprobada se consideran convenientes, respecto del mensaje que deberá oportunamente enviar el Ejecutivo en el plazo de dos años, cuestiones que son “bastante lógicas”, como “la compatibilidad del tren urbano, en el marco transporte público y del Plan de Movilidad Urbana; las medidas de protección; las medidas de seguridad vial, y la accesibilidad, entre otras”.
Por su parte, el edil Martínez Kerz señaló que se sigue sumergiendo al sistema de transporte de la ciudad en la precariedad, y exigió que el tema sea tratado con seriedad y con las previsiones normativas del caso, de acuerdo a la importancia de incorporar un nuevo sistema de transporte a la ciudad.
“Señalamos que lo que estaba en tratamiento, dista notoriamente de lo que pedía la Ordenanza 12.156, por eso nos opusimos al tratamiento entendiendo de que debía volver al Ejecutivo”, enfatizó. En este sentido, los ediles que se manifestaron en contra del proyecto, plantearon que el municipio debería haber elaborado un marco normativo que le otorgue “garantías al nuevo subsistema de transporte” y advirtieron sobre “riesgos jurídicos”, frente a “accidentes o infracciones que puedan producirse”.
“Entendemos que este no es un paso adelante en la implementación de este subsistema que, nació sin ordenanza, tuvo idas y venidas porque el primer recorrido atravesaba el puerto y pasaba a 1,50 metros de una estación de GNC, y por el que se han dispuesto fondos municipales de los que no se ha dado ninguna explicación. Seguimos poniendo el carro delante del caballo, y por eso rechazamos esta propuesta”, argumentó Martínez Kerz.
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