El juez Andrés Lago ha dado por concluida la instrucción abierta tras el accidente de un tren Alvia, ocurrido en las proximidades de Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, con un único imputado en el mismo, el maquinista Francisco José Garzón Amo, han informado fuentes judiciales.
En concreto, han señalado fuentes judiciales, se especifican 80 delitos de homicidio, los correspondientes a las muertes, y 144 de lesiones, y la resolución dictada sitúa como causa el exceso de velocidad, independientemente de que la seguridad pudiese ser mejor, algo que no se considera objeto de depuración en el ámbito penal.
El caso concluye así esta fase, con esta comunicación y después de las exoneraciones a miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y responsables de la seguridad en la circulación.
El cierre sitúa la causa en el mismo punto en el que se quedó a los cuatro días de esta tragedia ferroviaria, que dejó ocho decenas de muertos y más de 150 heridos, víctimas, en todos los casos, del descarrilamiento registrado en el barrio de Angrois, a las afueras de la capital gallega.
En la resolución judicial, divulgada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juez Lago solicita al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación -solicitando la apertura de juicio oral- o el sobreseimiento de la causa.
El primer magistrado instructor Luis Aláez, que consagró sus días de forma concienzuda a este episodio, siguió desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente al despiste del maquinista -Garzón Amo- que relevó a otro compañero en Ourense y perdió el control, sin reducir la velocidad, atendiendo, asimismo en este intervalo, una llamada del interventor de a bordo, Antonio Martín Marugán.
No obstante, el juez que relevó al primer magistrado, Andrés Lago, ha cerrado la fase instructora algo más de un año después de hacerse con la causa con un único imputado, Garzón Amo, natural de Monforte de Lemos (Lugo), que antes del accidente había fijado su residencia en A Coruña para cuidar de su madre enferma.
Desde su inauguración en diciembre de 2011, Francisco José se encargaba de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, que fue en la que se produjo el accidente.
En la primera etapa de la instrucción, Aláez imputó hasta en dos ocasiones a exaltos cargos de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, encargado de velar por la seguridad en las vías. Sin embargo, la Audiencia Provincial levantó las imputaciones.
RTVE
