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La llegada del Metro en superficie hasta el entorno del Hospital Civil, de no mediar un cambio de posición de los actores implicados, acabará irremediablemente en los tribunales. Así será después de que el Ayuntamiento, que ya advirtió a finales del pasado mes de diciembre a la Junta de Andalucía, insista en acudir a la vía judicial en el intento de anular el proyecto para llevar el ferrocarril urbano hasta la zona norte a ras de calle. Los responsables municipales siguen adelante con esta tesis tras considerar insuficiente la contestación remitida a finales del pasado mes de enero por la Consejería de Fomento en relación con las dudas sobre la legalidad del procedimiento.
«Mientras no se resuelvan estas cuestiones nos veremos obligados a poner el contencioso administrativo para solicitar la anulación del proyecto», afirmó ayer la concejala de Movilidad, Elvira Maeso. Conforme a los plazos manejados por el propio Consistorio, el citado contencioso habrá de interponerse en las próximas semanas, previsiblemente antes de finales del presente mes o principios de marzo.
Con ello, el equipo de gobierno del PP lejos de cerrar el conflicto abierto entre ambas administraciones públicas en relación con la llegada del ferrocarril urbano a la zona norte, lo amplía. Para la edil del PP, la contestación formal remitida por la Administración regional el pasado 20 de enero no cumple con las exigencias planteadas por el equipo de gobierno, para el que los pasos dados en este asunto sitúan en un escenario de inseguridad jurídica la propuesta de actuación.
Todo ello formó parte de un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 21 de diciembre, mediante el que se reclamó oficialmente a la Junta la anulación del proyecto básico del Metro al Civil. Para ello, se arguyó la existencia de irregularidades en el procedimiento administrativo. El Ejecutivo local sustanció su planteamiento en los fallos existentes en la tramitación, como el hecho de que no fuese aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta a pesar de tratarse de una propuesta de trazado no contemplada ni en el Plan General de Ordenación Urbanístico de Málaga ni en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana (Potaum). Asimismo, se llamó la atención sobre el hecho de que mientras el proyecto básico fue avalado el 14 de marzo, el dictamen ambiental necesario data de 21 de marzo.
«¿Cómo se ha aprobado el proyecto básico el 14 de marzo sin estar completados previamente los trámites legalmente exigidos?», llegaron a preguntarse los técnicos municipales. Otra de las razones expuestas por el Consistorio estaba vinculada con la ausencia de una respuesta «razonada» por parte de la Junta a las alegaciones y observaciones realizadas a la propuesta.
Ante las razones municipales, Fomento, en un escrito remitido el 20 de enero pasado, rechazó la existencia de irregularidades en el expediente y mostró su intención de seguir adelante con el mismo. Muestra de ello es que hace apenas una semana envió el estudio de movilidad de la intervención. El departamento encabezado por el consejero Felipe López destacó que la intervención «cumple con el principio de legalidad y de manera especial, en relación con los requisitos medioambientales en la tramitación del procedimiento».
Tras analizar el escrito municipal, Fomento eludió la existencia de «lesividad para los intereses municipales, recordando que tanto la elaboración del proyecto como la posterior ejecución de la obra y puesta en servicio «obedecen al desarrollo de un protocolo de acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía el 11 de noviembre de 2013».
El departamento regional sí reconoció un «error» en la fecha correspondiente a la aprobación del dictamen ambiental correspondiente a esta actuación, dado que, inicialmente, se informó de que la resolución de aprobación del proyecto básico era anterior a la emisión del citado dictamen ambiental, fechado el 21 de marzo del año pasado. La Junta aclaró que la aprobación del documento técnico, el 14 de marzo, fue posterior al dictamen ambiental, cuya fecha cierta fue el 12 de marzo de 2015. Respecto a las otras de las demandas del el Ayuntamiento, la Junta consideró que eran cuestiones que podían ser abordadas en el marco de la subcomisión técnica ya constituida y en funcionamiento. Punto en el que discrepa el equipo de gobierno del PP.
Ayer, desde Fomento se recordó que la Ley de Servicos Ferroviarios de Andalucía fija la posibilidad de que la tramitación entre administraciones, caso de la adecuación al planeamiento urbanístico, «se pueda llevar a cabo en la fase de estudio informativo, proyecto básico o proyecto constructivo definitivo; parece poco lógico el planteamiento municipal cuando quedan apenas dos semanas para que entreguemos ese proyecto constructivo». Al tiempo, fuentes del organismo insistieron en que todo esto acontece más de dos años después de que el propio alcalde firmase el protocolo de intenciones que dio luz verde a la llegada del Metro en superficie al Civil.
