El objetivo del Gobierno es seguir desarrollando un modelo ferroviario de excelencia, incrementar la oferta y reforzar la seguridad. Además, antes de construir nuevas carreteras se hará un análisis de eficiencia. El Ejecutivo también ha aprobado dos proyectos de ley para implantar una administración pública electrónica, transparente y con una estructura más simple.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley del Sector Ferroviario, que actualiza la normativa vigente desde 2003 y la adecúa a las directivas de la Unión Europea. La norma fue presentada el pasado 13 de marzo.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha destacado que la futura ley establece “un marco jurídico que permitirá seguir desarrollando un modelo ferroviario de excelencia”, incrementar la oferta a los ciudadanos y mejorar la calidad del servicio. Además, reforzará todos los elementos relativos a la seguridad. Pastor ha recordado que los últimos informes internacionales recogen que el factor clave del turismo en España “es la calidad de sus infraestructuras”.
El texto establece una planificación de las infraestructuras ferroviarias mediante tres instrumentos: la “Estrategia Indicativa”, que corresponde al Ministerio de Fomento y planifica todas las infraestructuras; el “Programa de Actividad”, que depende de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y recogerá la previsión para los próximos cinco años; y un convenio entre ADIF y Fomento que fija los objetivos a alcanzar por ADIF y las aportaciones económicas del Estado.
La ministra ha asegurado que “no se va a hacer ninguna línea ni una infraestructura en nuestro país si no tiene un análisis previo en profundidad de cuáles son sus retornos social y económico”.
Con el objetivo de incrementar el uso de la red de ferrocarriles, Ana Pastor ha explicado que se modifica la estructura actual de cánones. “Se elimina el canon de acceso a la red y se crea el canon por utilización de energía eléctrica de tracción y el de zonas de descarga”, ha dicho.
La norma incluye medidas que mejorarán la competitividad del transporte de mercancías. En este sentido, la ministra ha resaltado: “Todos los operadores tendrán que dar cuenta a los administradores de infraestructuras de sus cuentas. Tenemos que conocer con transparencia cuáles son sus costes y como repercuten en los precios”.
Además, se simplifica el régimen tarifario y las autorizaciones y se impulsa el papel de los puertos como administradores de las infraestructuras ferroviarias, ya que parte de la red de ferrocarril está dentro de los puertos.
En los servicios de transporte de viajeros, los operadores ferroviarios tendrán que aportar al Ministerio de Fomento información de actividad y contable, al igual que están haciendo las aerolíneas. Las empresas deberán tener cuentas separadas entre las actividades de mercancías y de viajeros.
En materia de seguridad se creará la Agencia de Seguridad Ferroviaria que será independiente de administraciones de infraestructuras y velará por garantizar los máximos estándares. Asimismo, se reforzarán las sanciones por vulnerar los derechos de los pasajeros y la seguridad.
El Globo de Málaga
