El pr\u00f3ximo Gobierno que salga de las elecciones generales del pr\u00f3ximo 20 de diciembre tendr\u00e1 un bocado amargo que digerir.<\/p>\n
El nuevo Ejecutivo deber\u00e1 decidir si inyecta dinero para que el AVE que une Espa\u00f1a con Francia siga funcionando o, de lo contrario, entra en v\u00eda muerta dada su an\u00e9mica situaci\u00f3n de caja. Una coyuntura que se complica porque TP Ferro, la sociedad de ACS y Eiffage que gestiona la l\u00ednea f\u00e9rrea, perdi\u00f3 112 millones de euros en su \u00faltimo ejercicio fiscal.<\/p>\n
Seg\u00fan fuentes pr\u00f3ximas a la compa\u00f1\u00eda, que entr\u00f3 a finales de julio en concurso de acreedores, la concesionaria del tren de alta velocidad que une Barcelona con Perpignan con destino Par\u00eds ten\u00eda 122.553 euros de caja disponible, frente a los cerca de 1,45 millones a finales de 2013. Con esta liquidez, TP Ferro tan solo podr\u00eda seguir operando hasta principios de 2016, por lo que los convoyes dejar\u00edan de funcionar salvo que el administrador concursal adopte alguna medida excepcional -venta de alg\u00fan activo inmobiliario- o hubiera un acuerdo entre la empresa, los acreedores y los gobiernos de Espa\u00f1a y Francia.<\/p>\n
Ni Madrid ni Par\u00eds, unidas m\u00e1s que nunca por el riesgo del terrorismo yihadista, quieren aportar m\u00e1s dinero a ACS y a Eiffage, que ya fueron compensadas en 2009 con 110 millones en forma de pr\u00e9stamos participativos y la extensi\u00f3n por tres a\u00f1os m\u00e1s del periodo de la concesi\u00f3n (53 a\u00f1os, hasta 2057) por los retrasos en la entrada en funcionamiento de la l\u00ednea de alta velocidad. Adem\u00e1s, cualquier ayuda adicional tendr\u00eda que ser sometida a la supervisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Europea, contraria a que los estados sufraguen con fondos p\u00fablicos negocios privados<\/p>\n
Pese a que el n\u00famero de trayectos de viajeros entre Barcelona y Par\u00eds se ha duplicado desde 2014 tras la homologaci\u00f3n de los trenes de los dos pa\u00edses, el flujo de viajes es insuficiente para que con los ingresos obtenidos compensen los gastos financieros, motivo por el cual TP Ferro se acogi\u00f3 al concurso voluntario de acreedores, al no poder hacer frente a un pr\u00e9stamo bancario de casi 400 millones de euros con los que construy\u00f3 la l\u00ednea f\u00e9rrea.
\nIncumplimiento de condiciones<\/p>\n
Tanto ACS como Eiffage consideran que los ministerios de Fomento de Espa\u00f1a y Francia no han cumplido con las condiciones para la explotaci\u00f3n del AVE internacional, seg\u00fan el contrato de concesi\u00f3n firmado en febrero de 2004 durante el mandato de Jos\u00e9 Mar\u00eda Aznar y modificado en 2007 ya con Jos\u00e9 Luos Rodr\u00edguez Zapatero. La constructora presidida por Florentino P\u00e9rez y su socio galo afirma que persistieron los incumplimientos respecto a diversas obligaciones, por lo que ambas compa\u00f1\u00edas llevaron a los dos pa\u00edses a un tribunal de arbitraje para reclamar una segunda compensaci\u00f3n de m\u00e1s de 70 millones.<\/p>\n
El juez de Suiza todav\u00eda no se ha pronunciado sobre esta exigencia, pero s\u00ed lo ha hecho sobre otra demanda de 350 millones de euros por sobrecostes en la construcci\u00f3n, que fue denegada. Dada esta situaci\u00f3n de inviabilidad de TP Ferro, ACS e Eiffage se han apresurado a deteriorar en 100 millones el valor de la concesi\u00f3n, al existir lo que se conoce como \u201cindicios de p\u00e9rdida de valor\u201d. Es decir, que no podr\u00e1n recuperar la inversi\u00f3n realizada, que cont\u00f3 con una subvenci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea de 636,22 millones de euros.<\/p>\n
Con esta argucia, que ACS no se aplicaba cuando su participaci\u00f3n del 20% en el capital de Iberdrola estaba un 50% por debajo del coste de la inversi\u00f3n, los abogados de Florentino P\u00e9rez creen que la firma tiene derecho a ser indemnizada con 485 millones de euros en el caso de que la empresa no salga del concurso de acreedores y acabe en liquidaci\u00f3n. \u201cLa resoluci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n implica que los concedentes -los estados- recibir\u00edan la infraestructura construida por TP Ferro, por lo que el contrato prev\u00e9 el derecho de TP Ferro a percibir una indemnizaci\u00f3n como compensaci\u00f3n por la resoluci\u00f3n de la concesi\u00f3n (valor recuperable en la inversi\u00f3n)\u201d, seg\u00fan sostienen ambas constructoras en base a la cl\u00e1usula 25.4 del citado documento.<\/p>\n