Buenos Aires – Argentina – 21/11/2019: La exdiputada nacional Margarita Stolbizer presentó una denuncia para determinar quiénes son los funcionarios responsables de la falta de rendición de cuentas de subsidios por más de 2100 millones de pesos recibidos por las empresas concesionarias del ferrocarril Belgrano Cargas entre 2006 y 2013.
La presentación de Stolbizer apunta al período 2006-2013, pero involucra también al gobierno actual
La causa de defraudación por administración fraudulenta, estafa, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios públicos quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.
La gerenciadora de la concesión denunciada es una firma que estuvo integrada por Franco Macri, Benito Roggio, EMEPA, de Gabriel Romero, y los gremios de La Fraternidad ( Omar Maturano), Unión Ferroviaria ( Sergio Sasia) y Camioneros ( Hugo Moyano).
Con el patrocinio de la abogada Silvina Martínez, Stolbizer se apoyó además en una tarea que realizó la Auditoría General de la Nación (AGN), que estableció irregularidades en la rendición de los subsidios.
La denuncia alcanza a más de 50 funcionarios públicos, entre los que habría ministros, secretarios e inspectores generales, entre otros. Y alcanza la gestión de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. En este último caso, por la responsabilidad sobre las rendiciones de cuentas pendientes.
Los subsidios entregados por el Estado serían por más de 2 mil millones de pesos «de los que no se han rendido cuentas y por los que nadie reclama», dice la presentación que harán Stolbizer y Martínez.
Señaló la denuncia que desde 2006 y hasta el presente «quedaron pendientes rendiciones de cuentas o aprobaciones de las mismas que totalizaban la suma de $ 2.167.478.155 de pesos sin contar los intereses». Y sostiene que «de los más de 2 mil millones de pesos pendientes de aprobación, solo se rindió el 3,46%, equivalente a 7,5 millones de pesos».
La AGN detectó que las rendiciones «carecen de análisis o informes por parte de los sujetos intervinientes», que son la Secretaría de Transporte, la comisión fiscalizadora y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). También señaló que se hacían gastos que no correspondía que pagara el Estado y que las contrataciones se efectuaban mediante un régimen privado, no de contrataciones de obras públicas.
De ese modo se detectó que entre los proveedores contratados figuraban empleados de la propia empresa y algunos que ni siquiera estaban registrados en la AFIP.
Un proveedor, por ejemplo, figura 42 veces con gastos a su nombre, por un monto total de 1.258.733,39 pesos en abril de 2011. En otros casos se contrató como proveedoras a empresas vinculadas societariamente con los integrantes de la gerenciadora. En principio, la denuncia apunta al kirchnerismo, pero desde «diciembre de 2015 era el nuevo gobierno de Mauricio Macri el responsable de aprobar las rendiciones de cuentas, reclamar las pendientes o bien iniciar una acción judicial de recupero del dinero adeudado», señalan las denunciantes.
Por: Hernán Cappiello
Fuente: La Nación
