Jujuy – Argentina – 17/06/2022: En el marco del hiperanunciado proyecto del tren que uniría Volcán con La Quiaca, a través de la Quebrada de Humahuaca, el gobierno encaró el desalojo de las personas habitan los predios de las viejas estaciones ferroviarias, algunas familias desde hace tres décadas. Sin aviso previo ni ofrecer alternativas, las intimó a abandonar el lugar donde viven y además inició causas penales por usurpación contra 14 personas.
Sin hacer un relevamiento previo sobre cuántas personas viven en esos terrenos, las familias recibieron directamente la visita de funcionarios judiciales y policiales que pretendían hacerles firmar unas notificaciones en las que no figuraban los nombres de las personas afectadas ni los lugares exactos a los que se referían.
Estela Gallardo vive en el barrio Radio Estación de Tilcara desde hace casi 30 años. Recibió una vivienda en 1994 y desde entonces, al igual que sus vecinos, paga los servicios de luz, agua y gas. Allí hay 60 familias que por estos días enfrentan no solamente la amenaza del desalojo sino también denuncias penales por usurpación. Curiosamente, la notificación de la imputación refiere que usurparon esos terrenos el 1° de enero de 2022.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Estela Gallardo aclaró: «Nosotros jamás nos opusimos a ningún proyecto que sea para beneficiar a nuestra provincia, nuestra localidad o nuestro departamento. Nos oponemos a la forma en que están llevando a cabo este proyecto».
«De un día para el otro, llegaron con la policía y querían obligar a cada familia a firmar unas actas que no tenían ni nombres ni apellidos, ningún dato. Tampoco sabíamos quiénes eran esas personas, porque no se identificaron», relató.
Fue el fiscal de Humahuaca Fernando Alancay quien encabezó ese procedimiento en compañía de efectivos policiales. «Empezaron a amedrentarnos, violentarnos verbalmente, diciendo que si no firmábamos iban a actuar y amenazando con arrestar a los que se resistían», continuó Gallardo.
A pesar de lo violento de la situación, los vecinos se negaron a firmar. «Después han hecho una investigación, consiguieron nuestros datos y vinieron con las actas. Y nos enteramos de que nos iniciaban la causa penal. Entonces procedimos legalmente a buscarnos abogados. Tuvimos que ir a la policía, nos pintaron los dedos», contó la mujer.
Hay causas penales iniciadas contra 14 personas. Las acusan de haber llegado este año, haber usurpado los terrenos y las casas, y de haber «echado a los que se encontraban trabajando para mejorar el predio ferroviario», contó la mujer.
La abogada Gisela Martín representa a algunos de los vecinos sobre los que pesan órdenes de desalojo y denuncias penales. Explicó que, de acuerdo a las notificaciones, los vecinos habrían ocupado los predios el 1° de enero de 2022. Y reveló que la misma denuncia se hizo para gente de Volcán, Tumbaya, Tilcara y Maimará, «como si todas las personas se hubieran puesto de acuerdo para ocupar esos lugares el mismo día a la misma hora», analizó.
La última intimación llegó el viernes 10 y les da un plazo de cinco días hábiles para desalojar el predio. En esta oportunidad, el fiscal Alancay, acompañado por abogados y la policía, les dijo a los vecinos que tenían que irse porque sus abogados «perdieron el juicio», reveló Gallardo.
«No hay ningún juicio, ni empezó, pero vienen así para asustar a la gente. Las familias están muy atemorizadas. Porque cuando uno desconoce el proceder de la justicia, se asusta y no sabe qué hacer», comentó.
Estela Gallardo llegó a Tilcara en 1994. Contó que le otorgaron la vivienda desde la provincia de Salta, porque la base de Ferrocarriles Argentinos estaba allá. «Empecé pagando un canon locativo. Luego todo se transfiere por convenio a la provincia de Jujuy, y me dijeron que yo siguiera viviendo allí porque ya todo había pasado a la provincia y Jujuy se hacía cargo. Luego la municipalidad de acá me otorga una tenencia y con esa tenencia accedemos a todos los servicios, luz, agua y gas. Llevamos años pagando impuestos. Está todo a nuestro nombre», relató.
«Nosotros tenemos documentación que corrobora fehacientemente que nosotros vivimos acá. Yo estoy hace 30 años, pero algunos hace más tiempo porque son exempleados del ferrocarril, y hay también hijos de exempleados», detalló.
Así, de un día para otro, los vecinos se enfrentan a la posibilidad de perder sus viviendas y tener que abandonar el lugar que habitan. En estos terrenos hay niños, gente con discapacidad, personas con problemas de salud. «En ningún momento hicieron un relevamiento. Hay un señor que tuvo un ACV y está postrado en una cama. Esta situación genera mucho estrés y angustia», comentó la abogada Martín.
El procedimiento se realizó sin aviso previo, sin que nadie se acercara a plantear la situación y abrir una instancia de diálogo para buscar una solución en conjunto. Tampoco las autoridades municipales, que se mantienen ajenas al problema. «Ninguna autoridad local se apersonó a decir esto está pasando, vamos a hablar. Nunca se nos llamó a un diálogo. Y se lanzó un proyecto sin conocer la realidad», señaló Gallardo.
La intención del gobierno parece ser avanzar de cualquier modo para desalojar a estas familias, sin ofrecer ninguna alternativa. En cambio, el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, pidió que «se retiren pacíficamente».
«Se dirigen a nosotros a través de los medios; en ningún momento se han sentado a dialogar, cuando se supone que están para garantizar el bienestar de los ciudadanos jujeños», se quejó Gallardo, y agregó: «El ministro dijo que somos una piedra en el camino y que el gobernador está ‘empecinado’ en llevar a cabo el proyecto».
Para la mujer, «el proceder del gobernador es muy autoritario».
La abogada Martín remarcó como «ejemplo de arbitrariedad» el hecho de que las notificaciones referidas a las causas penales llegaron a las 12 menos 10 del mediodía para que vayan a conocer causa de imputación a las 12. «O sea, con 10 minutos de anticipación. Eso es para que no tuvieran el derecho a defensa, fueran solos y se vulneraran todos sus derechos», indicó.
Para la letrada, son muchas las irregularidades que se están cometiendo. «Nosotros presentamos todas las excepciones y las defensas, pero el fiscal no corrió vista de nada de eso. Agregamos la documentación que acredita que hay gente que está hace más de 30 años, pero eso nunca llegó al juez que tiene que tomar la decisión», detalló.
«El juez de control, el doctor Mercau, se declaró incompetente, pero aun así dictó una orden de desalojo. Nosotros interpusimos una apelación, y en teoría la orden de desalojo tendría que estar suspendida. Pero acá no estamos en el marco de la legalidad. En Jujuy no hay división de poderes», concluyó.
Situaciones similares se están dando en casi todas las localidades del corredor de la Quebrada de Humahuaca. En Volcán y Tumbaya hubo acuerdo porque se trataba de menos de diez familias. Además, tras el alud que padeció Volcán, que obligó a la reconstrucción de un amplio sector del pueblo, se relocalizaron algunas viviendas, resolviendo parte del problema.
En Maimará hay más de 20 familias amenazadas con el desalojo, a las que hay que sumar los casos de Huacalera, Uquía y Humahuaca. De acuerdo al proyecto ferroviario del gobierno, la incertidumbre llega hasta La Quiaca.
La historia sin tren
El proyecto del tren turístico fue anunciado por el gobernador Gerardo Morales al inicio de su primer mandato, en 2016. Desde entonces, periódicamente se informa de supuestos avances en un trazado ferroviario que, hasta ahora, sólo muestra unos pocos kilómetros de vías inhabilitadas.
En enero de 2017, el gobierno provincial anunció que recibiría 10 millones de pesos de parte de la gestión del presidente Mauricio Macri que serían destinados a la construcción del tren turístico.
En marzo de ese mismo año, Morales encabezó el acto de inauguración de las obras de reconstrucción de vías en Tumbaya y Volcán, para las que el Estado nacional, informaron, había donado 86 mil metros de rieles y 60 mil durmientes, a un costo de 45 millones de pesos. En esa oportunidad, el gobernador agradeció el presidente Mauricio Macri y al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, «por su contundente respaldo a esta iniciativa estratégica para la provincia».
Marzo de 2017
El último de los anuncios en el mismo sentido se difundió el 31 de marzo pasado. «Gerardo Morales encabezó el acto de inicio de obras del Tren Turístico, tramo Volcán – Tilcara, el cual se extiende por 42 kilómetros, pasando por Tumbaya, Purmamarca y Maimará», indicó la información oficial.
Fuente: El Submarino
