La Unión Internacional de Tenedores de Vagones exige a la Oficina Federal de Transporte suiza que abandone sus normativas nacionales y retorne al proceso coordinado europeo a través de la Secretaría Conjunta de Red. Las autoridades suizas emitieron nuevos requerimientos a raíz de un grave descarrilamiento en San Gotardo en 2023.
La Unión Internacional de Tenedores de Vagones (UIP) ha solicitado formalmente a la Oficina Federal de Transporte de Suiza (FOT) que «retire por completo sus medidas unilaterales de seguridad para vagones y se reincorpore al proceso coordinado europeo» bajo la Secretaría Conjunta de Red (JNS), según indica el comunicado oficial. El último decreto, publicado el 23 de octubre de 2025, elimina el plazo de inspección anual para vagones de mercancías pero mantiene vigentes todos los demás requisitos nacionales. La organización advierte que «este zigzag regulatorio genera incertidumbre para los operadores» y confirma que Suiza está tomando decisiones críticas sin evaluación de impacto ni consulta con sus socios europeos.
El enfoque de la FOT «crea riesgo de una crisis en la cadena de suministro», alerta la UIP en su declaración. «Desde el combustible que alimenta aeronaves en el aeropuerto de Zúrich hasta los alimentos en nuestras mesas», el transporte de mercancías por ferrocarril europeo que atraviesa territorio helvético desempeña un papel fundamental en la sociedad. Si bien la supresión del plazo de inspección anual refleja «un reconocimiento de que la norma original era inaplicable», el marco revisado «sigue siendo extremadamente difícil de implementar», sostiene el comunicado. Este proceder sugiere una vez más que la FOT «intenta imponer reglas sin evaluar todas las implicaciones necesarias ni participar en los esfuerzos paneuropeos requeridos».

Como miembro de la JNS, «la FOT tiene voz en las decisiones de seguridad ferroviaria paneuropeas y debe canalizar su energía hacia ese foro» en lugar de actuar unilateralmente, señala la organización. Los requisitos técnicos que la oficina suiza impone al transporte ferroviario de carga europeo que transita por Suiza «continúan difiriendo de los aplicados en el resto de Europa». Esto deja a los operadores ferroviarios «enfrentando incertidumbre, costes incrementados y potenciales disrupciones en los movimientos transfronterizos de mercancías», precisamente los riesgos que las normas europeas armonizadas están diseñadas para evitar.
La JNS de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea «ya ha estado actuando desde el incidente» y estas acciones han llevado a actores relevantes, incluidos tenedores de vagones, a realizar mejoras en seguridad operacional. La JNS está «finalizando recomendaciones armonizadas sobre seguridad de vagones, esperadas para finales de este año», informa la UIP. En este contexto, «no existe justificación para mantener normativas nacionales que contradicen el proceso diseñado para lograr alineación europea».
Como parte del Acuerdo de Transporte Terrestre UE-Suiza, el país alpino «se ha comprometido a evitar medidas unilaterales que fragmenten el mercado único y creen obstáculos al comercio». La UIP insta a las autoridades suizas a «retirar el decreto en su totalidad» y «participar constructivamente con todos los socios en la JNS para acordar un marco único y racional que fortalezca tanto la seguridad como la interoperabilidad en toda Europa».
¿Qué ocurrió en Suiza para que cambiaran el marco regulatorio?
Tras el descarrilamiento del 10 de agosto de 2023 en el túnel de San Gotardo, la Oficina Federal de Transporte (OFT) ha emitido medidas urgentes para prevenir roturas de ruedas en trenes de mercancías. La OFT considera «inaceptablemente alto» el riesgo de accidentes ferroviarios y ordena inspecciones técnicas periódicas cada 50.000-200.000 kilómetros según el tipo de zapata de freno. Todos los ejes con frenos de superficie se reclasifican como «no termoestables», requiriendo verificaciones térmicas obligatorias.
El diámetro mínimo de rueda aumenta a 864 mm para tipos problemáticos (BA004, BA390, BA303), con inspección visual completa y prueba de sonido (hammertest) obligatorias. El asunto radica también en que hay plazos críticos: las medidas inmediatas deben hacerse antes del 31 de diciembre de 2025 y hay plazo diciembre de 2026 para las inspecciones periódicas.
Según el documento emitido por la OFT, la red ferroviaria suiza tiene una alta densidad de tráfico mixto y población cercana, por lo que enfrenta riesgos de colisión con trenes de pasajeros y liberación de mercancías peligrosas. De esta forma, justifica la intervención nacional ante la «ausencia de soluciones europeas coordinadas».
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