Nueva polémica para la antigua factoría ferroviaria de Alstom-Vossloh en Albuixech (Valencia), ahora propiedad de Stadler.
FGV ha acordado trasladar a la Fiscalía una auditoría con presuntas irregularidades en adjudicaciones, incluida una que CAF ya llevó a los tribunales. La mayor industria ferroviaria de la Comunidad Valenciana, la actual planta de Stadler en Albuixech (Valencia) no está celebrando un 125 aniversario tranquilo. Algunos de sus grandes pedidos se han visto envueltos en la polémica como las ocurridas con la antigua Feve o el contrato anulado en Sudáfrica. A ellos acaba de sumarse uno de sus clientes más fieles, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la empresa que gestiona el metro y tranvía de Valencia y Alicante.
La empresa pública ha comunicado que su consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha acordado trasladar simultáneamente a Fiscalía y a la Intervención General de la Generalitat la auditoría encargada por este órgano y en la que se ponen de manifiesto presuntas irregularidades en la adquisición de trenes y suministros en seis expedientes correspondientes a los años 2000 a 2007, con Gobiernos autonómicos del PP.
Se trata de sobrecostes por 15,7 millones y otros 1,3 millones de indemnizaciones perdonadas, según publicó Valenciaplaza. Uno de los argumentos para justificar las adjudicaciones cuestionados por la auditoría era el hecho de que incorporar en estos contratos trenes como los que ya formaban parte de su flota suponía ahorros en mantenimiento.Según la empresa de la Generalitat, el consejo de FGV recibió el pasado 28 de marzo las conclusiones de la auditoría extraordinaria realizada en la empresa a instancias de la presidenta del consejo y consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tras advertir uno de sus consejeros de posibles irregularidades en la compra de unidades para las líneas de Metrovalencia y TRAM.Curiosamente, FGV aprobó hace sólo unos meses la adjudicación del primer contrato de nuevos trenes que realizaba en años a Stadler, una licitación de 43 millones a la que se presentó también CAF pero fue descartada.
La empresa pública sólo incluye en la plataforma de contratación pública los pliegos y la adjudicación, pero no las actas de la mesa de contratación que incluyen la información sobre las ofertas económicas y las puntuaciones obtenidas, así porque no se aceptan o se descartan a los licitadores, algo habitual en otros departamentos y empresas públicas, pero que no se ha unificado pese a la existencia de una Conselleria de Transparencia.
CAF de hecho llevó a los tribunales uno de los contratos incluidos en la auditoría, el de nueve unidades 4100 para Alicante. La firma vasca incluso logró una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Valencia en 2007 que consideraba nula la adjudicación por no atenerse a los pliegos, aunque el juez rechazó adjudicarlo directamente a su oferta como reclamaba la compañía.
Posteriormente el TSJ en 2009 rechazó anular el contrato por el «grave trastorno del servicio público» que supondría ya que parte de los tranvías llevaban tiempo operando.
Fuente y nota completa: Expansión
