Sus demandas no fueron bien recibidas en el Congreso de los Diputados español, dado que apuntaban a varias responsabilidades políticas del Partido Popular (PP) y de los socialistas del PSOE. Ambos partidos bloquearon sus demandas en la comisión de investigación.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG), de mano de su representante en Europa, Ana Miranda, les ofreció la posibilidad de visitar la Eurocámara para agilizar las denuncias.
Una de las querellas es por incumplimientos del Estado español de la normativa que afecta a la seguridad ferroviaria y, más concretamente, a la seguridad de la Alta Velocidad.
«Falta de independencia de los organismos de investigación, ausencia de control de riesgos, ausencia de nueva verificación al producirse cambios sustanciales en la seguridad, ausencia de documentos que acrediten la homologación del material rodante, etc», señala la Plataforma Víctimas del Alvia 04155.
La otra denuncia es por un delito de «publicidad engañosa», según las víctimas. «Consideramos que engañaron gravemente a todos los ciudadanos respecto a la seguridad y características de la Alta Velocidad. El Ministerio de Fomento y sus empresas publicitaron de manera engañosa que los ciudadanos contábamos en ese tren y en esa línea con la última tecnología y con sistemas de conducción automática (ERTMS)», apuntan.
Durante su visita a Bruselas se reunirán con el director responsable de seguridad ferroviaria de la Comisión Europea y con el Presidente de la Comisión de Transporte de la Eurocámara, Michael Cramer.
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