No hubo sorpresas en Comodoro Py. Los 28 acusados por la tragedia ferroviaria de Once fueron apuntados por el fiscal federal Fernando Arrigo como responsables del hecho. «Cada uno, en su rol, incumplió con su obligación», dijo, emocionado, el representante judicial tras finalizar su extenso alegato. Por eso, solicitó 11 años de prisión para el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y más de 10 años para los hermanos Cirigliano (directivos de TBA), el también ex secretario Juan Pablo Schiavi y otros ex funcionarios kirchneristas. Tres años y ocho meses pidió para el maquinista Marcos Córdoba.
La decisión del fiscal Arrigo se hizo esperar. Utilizó cinco jornadas para presentar las pruebas y los fundamentos que culminaron ayer con un cerrado aplauso. Las penas solicitadas fueron aprobadas por los familiares de las víctimas que presenciaban la audiencia. Cuando Arrigo salió de la sala, fue recibido entre fuertes abrazos y llantos. Incluso a él se le escapó una lágrima. Sólo un hombre que vestía una remera con la foto de uno de los 51 fallecidos se mostró algo contrariado, pero enseguida se marchó cabizbajo.
Del otro lado de la mampara vidriada que divide el recinto donde se desarrolla el juicio oral, ninguno de los acusados pareció inmutarse demasiado.
La mayoría de los imputados fueron acusados por defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por el resultado de lesiones y muertes. Además, se requirió a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 la inhabilitación temporaria de todos los acusados para ejercer cargos públicos.
En el caso de Jaime, el fiscal Arrigo pidió unificar este proceso con otro realizado en Córdoba, en el que se lo condenó a seis meses de prisión por sustracción de documentos, y llevar a 11 años la pena de reclusión. Schiavi, en cambio, podría percibir una pena de 10 años y 10 meses, según lo solicitado en el alegato.
Para Claudio Cirigliano, titular de TBA, que tenía la concesión de la línea Sarmiento en el momento del accidente, la condena pedida por la fiscalía ascendió a 10 años y 11 meses, en tanto que a Roque Cirigliano y a Mario les correspondería un poco menos por el mismo delito, 10 años y medio de prisión.
Como excepción a la doble calificación de la imputación, la fiscalía solicitó para el motorman la pena de tres años y ocho meses e inhabilitación por el estrago culposo. «Cometió una imprudencia al conducir, pero su trabajo estaba altamente afectado por el mal estado del tren», explicó Arribo. Para los empleados de TBA Carlos Lluch y Miguel Werva, el fiscal planteó condenas de cinco años y nueve meses y tres años, respectivamente, como partícipes necesarios del delito de defraudación.
Dos de las querellas habían solicitado una pena de 22 años de prisión para el maquinista. Las dos restantes depositaron toda la responsabilidad en los funcionarios y los directivos de TBA.
El cierre
La última etapa del alegato tuvo como protagonistas a Jaime, Schiavi y a los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro. El fiscal los acusó de negligentes e imprudentes. «Ni los funcionarios nacionales ni los inspectores arbitraron las medidas necesarias para cuidar de los bienes públicos. También desatendieron las alarmas y permitieron que TBA continuara con la explotación del servicio de manera insegura», aseguró el funcionario judicial a media mañana. La sala se mantuvo en un respetuoso silencio hasta que se dieron a conocer las penas solicitadas.
Según detalló Arribo, cada involucrado sabía de las falencias que tenía la línea Sarmiento. Los funcionarios «continuaron pagando los subsidios a TBA y no impulsaron la quita de la concesión, aun a sabiendas de la paupérrima prestación del servicio y la falta de mantenimiento del material rodante». Sobre los inspectores de la CNRT, el fiscal dijo que, pese a la facultad que tenían de suspender el servicio en caso de ser informados sobre irregularidades, no lo hicieron. En su alocución, Arribo hizo referencia a la declaración de empleados del organismo que indicaron que se realizaba un control parcial y no de todas las unidades, ya que sólo había seis inspectores.
Por último, la fiscalía solicitó que sean investigados por la posible comisión de delitos de acción pública y se defina la situación procesal del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, salpicado por la investigación. El debate se reanudará el lunes próximo, cuando comenzarán los alegatos de las defensas.
«Más no se podía pedir», sintetizó, emocionado, Juan Carlos Alonso, papá de un pasajero fallecido, que sólo faltó a una audiencia desde el inicio del juicio, hace más de un año.
La Nación
