El gobierno español estableció un paquete de asistencia económica para las personas afectadas por los siniestros ferroviarios del 18 y 20 de enero de 2026, que completa las indemnizaciones previstas en la normativa vigente sobre derechos de los viajeros.
El Real Decreto-ley 1/2026, publicado el 27 de enero, regula las ayudas directas destinadas a las víctimas de los accidentes ferroviarios registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El siniestro cordobés ocurrió en la línea Madrid-Sevilla de la Red Ferroviaria de Interés General, mientras que el catalán tuvo lugar en el corredor Sant Vicenç de Calders-L’Hospitalet de Llobregat.
La normativa contempla dos tipos de ayudas económicas: una no reembolsable que complementa las indemnizaciones europeas y españolas ya reconocidas, y otra adicional en concepto de anticipo por futuras indemnizaciones de responsabilidad civil. Podrán acceder a estas prestaciones tanto las víctimas directas como las indirectas de ambos siniestros.
Se consideran víctimas directas los viajeros, maquinistas, personal en formación y personal de a bordo que resultaron heridos. Las víctimas indirectas son quienes mantienen determinados vínculos de parentesco o afinidad con los fallecidos. Los beneficiarios recibirán importes variables según las consecuencias del accidente.
En casos de fallecimiento, la cuantía total alcanza los 144.242,92 euros por persona (72.121,46 euros en ayuda no reembolsable más 72.121,46 euros en adelanto). Para lesiones corporales, los montos se calcularán conforme al baremo del Reglamento del Seguro obligatorio de Viajeros, aprobado por Real Decreto 1575/1989.
Los interesados disponen de tres meses desde la publicación de la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible para presentar sus solicitudes, con posibilidad de ampliación justificada. El plazo de presentación finaliza el 4 de mayo de 2026. Las solicitudes pueden tramitarse presencialmente en registros oficiales o telemáticamente a través de la Sede Electrónica del ministerio en este enlace.
El gobierno ha establecido Oficinas de Atención Integral en la Subdelegación del Gobierno en Huelva, la Delegación del Gobierno en Barcelona y en las delegaciones de comunidades autónomas con afectados. Estos espacios ofrecen asistencia para la presentación de solicitudes y resolución de consultas relacionadas con la tramitación.
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