TP Ferro, concesionaria del túnel ferroviario de El Pertús para mercancías y pasajeros, exige 304 millones de euros a los estados español y francés tras sentirse perjudicada económicamente por ambas administraciones y ver incumplidas sus perspectivas de negocio. La reclamación más importante, de 268 millones, se produjo el pasado julio, al mismo tiempo que la compañía participada a partes iguales por ACS y Eiffage presentaba concurso de acreedores en Girona con una deuda de 550 millones.
TP Ferro invocó la cláusula 24 del contrato de concesión y acudió a la vía administrativa para exigir a España y Francia 200 millones para proceder “al reequilibrio económico de la concesión”. Es decir, pidió su rescate por los dos estados que en el 2004 le adjudicaron la construcción de la infraestructura y su gestión para los siguientes 50 años. Las causas por las que TP Ferro requirió la citada cantidad son “el hecho imprevisto de la modificación radical de la estrategia comercial de las empresas ferroviarias y la crisis económica y financiera del 2008”.
El Ministerio de Fomento, que ayer no quiso comentar este asunto, no ha atendido las exigencias de TP Ferro. Discrepa, como también lo hace el sector. Fuentes ferroviarias explicaron ayer que el fracaso de la vía se debe a otras razones. Sobre todo, a su diseño, que impide la circulación de las locomotoras convencionales en los trenes de mercancías. Sólo Renfe puede operar el tramo con unas locomotoras adaptadas que no comparte con la competencia.
Las empresas privadas aseguran también que TP Ferro no ha llevado a cabo política comercial alguna. Un consultor especializado en transporte que pide el anonimato explicó ayer que, en lo que se refiere al tráfico de pasajeros, el incumplimiento de las expectativas obedece a la fuerte competencia del avión y a que hace falta más tiempo para que el tren de alta velocidad madure y gane tráfico.
Al margen de los 200 millones de euros citados, TP Ferro pide otros 68 millones a España y Francia por supuestos “incumplimientos contractuales por no haber realizado las infraestructuras ferroviarias indispensables para el desarrollo efectivo de una red ferroviaria de alta velocidad entre Francia y España”. Ambos estados se negarán a pagar los 268 millones a TP Ferro –ya rechazaron en junio aportar entre los dos 140 millones para evitar el concurso de acreedores– y la reclamación acabará, previsiblemente en la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y su órgano judicial equivalente en Francia dentro de unos meses.
Pero hay más. Hace dos años, en agosto del 2013, TP Ferro ya acudió al Tribunal Arbitral Internacional para pedir un resarcimiento de 36,2 millones a causa del supuesto perjuicio sufrido por el retraso de un año en la puesta en servicio de la infraestructura. Entre esta reclamación, que no se resolverá –según TP Ferro– hasta finales del 2016 o principios del 2007, y la del pasado julio por al menos 268 millones (sin contar los intereses de demora), la concesionaria exige 304,2 millones a las administraciones públicas.
El colapso de la empresa, que ayer no atendió las llamadas de este diario, se ha debido –al margen de los aducidos perjuicios derivados de la actuación pública– al incumplimiento de su propio plan de negocio. En el último ejercicio, circularon por el túnel 11 trenes de pasajeros al día (22 en los dos sentidos), frente a los 44 previstos por la compañía cuando presentó su oferta. Lo mismo sucedió con los convoyes de mercancías, que se limitaron a los 30 semanales en el 2014 en vez de los 96 presupuestados en su momento. Esto llevó a que los ingresos por tráfico se limitaran a los 9,3 millones en lugar de los 40 millones previstos. Con esta facturación, TP Ferro asegura que ni tan siquiera cubre sus gastos operativos. Y, obviamente, no puede pagar su deuda bancaria, vencida desde el pasado 31 de marzo.
La Vanguardia
