Son 33 escaleras para bajar al vestíbulo y 33 más para subir al andén las que impiden a las personas en silla de ruedas coger un tren en la estación de Bellvitge. Una barrera imposible de superar que les obliga a elegir el metro e irse hasta la estación de Sants pese a que el tren para delante de su casa. No solo sufren la situación los discapacitados, sino que a muchas personas mayores bajar y subir todas esas escaleras les supone un esfuerzo que les lleva a desistir de coger el tren, lo mismo que todos aquellos que llevan un carrito de bebé.
La reivindicación no es nueva, pero la decepción la ha hecho renacer. El ministerio de Fomento anunció en verano que invertiría cerca de ocho millones de euros en la reforma de la estación. Los vecinos recibieron con gran alegría la noticia e incluso en la fiesta mayor del barrio se lo agradecieron a los concejales del Partido Popular. La dura realidad llegó semanas después, cuando salió a licitación y los técnicos municipales leyeron la letra pequeña de las obras: renovación de la catenaria, las vías y la señalización. Y nada más: la accesibilidad de la estación, largamente reclamada por vecinos y colectivos afectados, no aparecía por ningún sitio aunque la ministra Ana Pastor se comprometió a ello en una visita a la ciudad el año pasado.
La situación irrita especialmente a los miembros de la Asociación de discapacitados físicos de L’Hospitalet, que hace unos días mostraron su indignación manifestándose frente a la estación de Cercanías. El presidente de la entidad, José Ramon Carrillo, considera que “el ministerio de Fomento está incumpliendo acuerdos internacionales al hacer una obra pública y saltarse la accesibilidad”. Para Carrillo, “hay estaciones que no lo necesitan y están adaptadas, en cambio Bellvitge-Gornal siempre ha quedado dejada de la mano de Dios”.
El diagnóstico lo comparte Roque Fernández, presidente de la asociación de vecinos de Bellvitge. Recuerda que todo ello se solucionaría con el proyecto de soterramiento de las vías de tren ligado a la construcción del túnel ferroviario que la crisis paralizó por completo. “Es de juzgado de guardia, es una de las estaciones de Cercanías que más gente utiliza en Catalunya, no puede continuar en estas condiciones”, clama Fernández.
Apoyo municipal
El pleno municipal del mes de octubre ya aprobó una moción con el apoyo de todos los partidos excepto el PP, que pedía una mejora de la accesibilidad de la estación. Por su parte, la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín (PSC), ha enviado una carta al ministerio de Fomento pidiendo que “priorice las personas” al hacer las obras y anteponga el proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas por delante de la reforma de las vías. Para Marín, que “las personas mayores, las que van en silla de ruedas o un simple padre o madre que vaya con un bebé no puedan acceder a la estación es una falta de sensibilidad por parte del ministerio”.
También para congresistas
El déficit no afecta solo a los vecinos, que lo sufren a diario. Roque Fernández también lo ve cada vez que hay un salón importante en el recinto ferial de Gran Vía. “Llegan desde el aeropuerto con su maleta, bajan en Bellvitge para enlazar con los Ferrocarriles de la Generalitat y los ves bajando escaleras como pueden… Damos una imagen que es una auténtica vergüenza”, lamenta el presidente de la asociación de vecinos. La instalación de ascensores y adecuación de toda la estación para hacerla accesible se calcula que costaría alrededor de los 1,8 millones de euros. Si Fomento no lo incorpora a las obras que se iniciarán en enero, los vecinos advierten que realizaran nuevas acciones de protesta.
