El desarrollo Norte de Madrid, lo que se conoció durante años como la ‘operación Chamartín’, sigue a pies juntillas los planes de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. La reunión que mantuvieron ayer en el Ministerio de Fomento Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Renfe, Adif y BBVA acabó sin acuerdo. Carmena no se movió de sus planteamientos, de que su propuesta, que reduce un 46% la cifra de viviendas, de 17.600 a 4.600.
Señaló que ese nuevo plan había sido aprobado en Pleno y que no podía ir en contra de esa decisión, según precisaron fuentes de los asistentes.Pero la intervención más llamativa fue la del presidente de Renfe, Pablo Vázquez Vega, quien aseguró que la compañía está en unas instalaciones temporales y que «están valorando, ya que el proyecto no sale adelante, llevarse la sede central fuera de Madrid». Desde Renfe confirmaron las palabras de Vázquez Vega y explicaron que la entidad «tiene una situación compleja, sobre todo la central, ubicada en la calle Pío XII, que es lo más afectado por la operación Chamartín. Allí hay una serie de edificios antiguos -complejo conocido popularmente como las caracolas- y necesitamos una sede nueva. La cuestión es que si no sale la operación necesitamos una solución por un puro funcionamiento logístico. Nos obligará a salir fuera de la capital, aunque no dejaremos la región. Es un tema operativo puro y duro. También tuvo una intervención destacada el presidente del BBVA, Francisco González. La entidad bancaria es la mayoritaria en el consorcio que forma junto con la Constructora San José para la explotación de los derechos urbanísticos.
La fuentes informantes explican que González le dijo a la alcaldesa que «con estas decisiones unilaterales lo que está provocando es que los que quieran invertir en la ciudad estén en situación de estampida». «Alcaldesa, los que la están asesorando no lo están haciendo bien», precisan que le ha dicho. Asimismo, le ha pedido que recapacite, pasar a decirle que si lleva a Pleno el proyecto anterior, el consensuado, el que ha tumbado y se aprueba «en una semana estamos trabajando». «Vamos a arriesgar mucho dinero y el tiempo nos dirá si la operación ha sido rentable o no. Queremos que el proyecto salga adelante por el bien de Madrid y por el bien de España», señalan. Las fuentes consultadas insistieron en que «el tono de la reunión ha sido bueno». Eso sí, todos los asistentes, excepto Carmena y su concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, defendieron el acuerdo que contaba con todos los beneplácitos técnicos y que tan sólo estaba pendiente de ser aprobado.
En total, un estudio de 32.000 folios que cuenta con todos informes técnicos favorables y que tan sólo estaba pendiente de su aprobación. Contemplaba la construcción de 17.600 viviendas, tres estaciones de metro, el cierre Norte de la M-30… Las infraestructuras iban a ser sufragadas por los privados y ahora tendrán que financiarse vía impuestos de los madrileños. Pese a la posición encontrada la alcaldesa les llegó a decir: «Oiga, no tengan las caras tan serias», ha dicho. Frente a este documento, los asistentes le reprochaban a Carmena su «propuesta de 25 folios» y que requiere una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. El consejero de Transportes de Madrid, ex alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, aseguró que la tramitación de la nueva propuesta supondría un retraso en su aprobación de entre tres y cuatro años. El concejal de Urbanismo ha dicho que la idea del Consistorio es realizarlo en 15 meses. Las grandes cifras de la operación pasaban por una inversión de los privados de unos 6.000 millones y una previsión de empleo de 120.000 puestos.
Los asistentes eran conscientes de que, en estos momentos, la operación se encuentra en un punto prejudicial. Tan es así, que la alcaldesa ha dicho que se emplaza a estudiar los recursos y que «acatarán lo que toque». A esas palabras, ha contestado Mario Garcés, subsecretario de Estado de Fomento e Infraestructuras ha puesto ejemplo varias sentencias dictadas del Supremo en relación a la paralización o el decaimiento de proyectos por el cambio de signo político de algún ayuntamiento. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, afeó a la alcaldesa que hubiese tomado la decisión de tumbar el proyecto consensuado unilateralmente, sin más razón que el «prejuicio ideológico».
A su juicio, lo más preocupante, es que «el Ayuntamiento cambia un proyecto acordado por un folleto de 25 páginas, con muy poco respaldo». Carmena les dijo que «no merece la pena hablar de su proyecto, pues ya no existe, les queda la vía del recurso».
Consorcio urbanístico público
El concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, propuso a las administraciones en la reunión la creación de un consorcio público. La ministra de Fomento, Ana Pastor, le contestó asegurando que «se pueden contar por fracasos los consorcios públicos para las infraestructuras», precisan fuentes de los asistentes. La ministra daba a entender que no era una buena idea llevarlo a efecto.La puesta en marcha de la ‘operación Chamartín’ supone, además, del gran desarrollo urbanístico del Norte de la capital, la ejecución de las infraestructuras que completarían la mejora de las comunicaciones de todo el ámbito. Esas infraestructuras, tal y como estaba el proyecto consensuado, las financiarían los privados, pero al ‘tumbarse’ la propuesta, las pagarán las arcas públicas./ J. G. T.
