La operadora impulsará una nueva sociedad participada para gestionar los planes alternativos de transporte por carretera, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio ferroviario cuando las obras o incidencias obligan a sustituir el viaje en tren por autobuses.
Renfe ha aprobado ayer la licitación de una sociedad participada que tendrá como objeto gestionar los Planes Alternativos de Transporte (PAT) por carretera cuando las obras en la infraestructura o las incidencias imprevistas impiden realizar un trayecto en tren. La nueva estructura estará vinculada a Renfe Viajeros y se centrará en garantizar la movilidad de pasajeros en todo el territorio, especialmente en periodos con cortes de vía programados o emergencias operativas.
Hasta ahora, la contratación de autobuses para PAT se articulaba mediante licitaciones públicas cuando existía suficiente antelación, o a través de acuerdos directos con empresas privadas en situaciones urgentes. Este esquema se ha mostrado limitado ante el incremento de obras sobre la red y la escasez de flota y conductores disponibles en el mercado, en un contexto de recursos comprometidos en servicios regulares y más estables en el tiempo.
El modelo planteado prevé un contrato marco a largo plazo, con una duración inicial de diez años y una posible prórroga de cinco más a iniciativa de Renfe Viajeros. La sociedad resultante estará participada en un 49% por Renfe y en un 51% por la empresa adjudicataria, que aportará experiencia en transporte por carretera y medios materiales y humanos para la operación diaria de los PAT.
Con esta fórmula, Renfe busca disponer de una flota estable de autobuses y de personal de conducción suficiente, optimizar costes y asegurar la disponibilidad de recursos en momentos de alta demanda. El volumen económico estimado asciende a 61,5 millones de euros y la previsión de ahorro se sitúa entre el 10% y el 15% del gasto actual en PAT, lo que supone entre 9 y 13 millones anuales. La compañía destaca que la medida permitirá mantener la capacidad del servicio público de transporte durante una fase de intensa actividad en la infraestructura ferroviaria, complementando la oferta del operador ferroviario con soluciones por carretera.
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