España no se plantea -por el momento- unirse al acuerdo
Un sospechoso de terrorismo evita a la policía y se cruza media Europa en tren y autobús sin ser identificado. Esto sucedió, por ejemplo, en 2015, tras un fallido atentado en el tren Thalys que conecta Ámsterdam con París. También, en diciembre de 2016, en Berlín. Ahora, tras varios intentos de reformular la libre circulación de personas en la Unión Europea, cuatro de los países más poderosos de la UE han acordado controlar e intercambiar datos de los pasajeros de trenes internacionales.
La presión por unirse al pacto se cierne sobre los que, al menos por el momento, no han acordado seguir estas nuevas medidas de seguridad. España está entre ellos.
La idea partió de Bélgica: planeaba recopilar y analizar los datos de todos los pasajeros de trenes, autobuses y barcos internacionales. Ya ha conseguido un acuerdo con Francia, Reino Unido y los Países Bajos, al menos para el tren. Pero con ellos no es suficiente. El Gobierno belga pretende que los datos sean recabados a nivel europeo.
Bélgica ya ha conseguido un acuerdo con Francia, Reino Unido y los Países Bajos, al menos para el tren.
Con el nuevo sistema, se examinarán las identidades de los pasajeros del tráfico ferroviario con antelación y se podrá intercambiar esa información si se precisa, aunque las fases y medidas concretas que se llevarán a cabo se concretarán en los próximos meses. Por lo tanto, los datos recabados se compartirán entre los países adscritos al acuerdo, con el fin de detectar a tiempo a terroristas. El sistema de control se basará en el de los pasajeros de aerolíneas. Según los sistemas de control que se les aplica, las compañías estarán obligadas a partir de 2018 a registrar el nombre, número de teléfono, forma de pago del billete, número de asiento, así como otros datos de los pasajeros que entren o salgan de la UE.
Con respecto a la eficacia que podría tener ampliar el control aéreo a los ferrocarriles con este proyecto piloto, el Supervisor Europeo de Protección de Datos ha negado que aplicar este tipo de medidas contribuya a la prevención de ataques terroristas. En cuanto al resto de países de la Unión Europea, la mayoría recalca la necesidad de garantizar la seguridad, aunque tratan de evitar imponer más controles a los ciudadanos.
¿Qué ocurre en España?
España no ha mostrado interés -al menos todavía- en formar parte de este acuerdo entre cuatro de los pesos pesados de la UE. Las autoridades españolas se limitan a destacar la necesaria colaboración entre países y la también necesaria garantía de la seguridad de los ciudadanos.
Tanto Renfe como la Policía han precisado que, desde sus organismos, se limitan a cumplir las normas institucionales y europeas, aunque no son ellos quienes toman las decisiones.
Las autoridades españolas se limitan a destacar la necesaria colaboración entre países.
Según Policía Nacional, si hablamos del espacio Schengen, en España solo se controla a los pasajeros en el punto de partida de trayectos internacionales, pero no en el de llegada. Es decir, si un tren parte de París a Madrid, se revisaría la identidad del pasajero en la capital francesa, pero no a su llegada a la española. Si España se uniera a este acuerdo, los datos del pasajero que se subió al tren en París se compartirían con las autoridades españolas.
La Policía Nacional tiene un equipo específico para garantizar la seguridad en el transporte. Se trata de la Brigada Móvil-Policía del Transporte. Además, en las estaciones, aparte de las cámaras, los arcos metálicos para escanear los equipajes en líneas de alta velocidad, internacionales y de larga distancia, la Policía recuerda que existen otros métodos para controlar quién y cómo se viaja, aunque precisamente por motivos de seguridad, no deben especificar de qué se trata.
Controles seguros e incómodos
A raíz de la crisis de refugiados, Suecia y Dinamarca realizan controles íntegros de todas las personas que atraviesan sus regiones en cualquier medio de transporte. Debido a los controles, algunas personas que se desplazan diariamente al trabajo tardan varias horas adicionales en llegar a su trabajo en el país vecino, algo de lo que ya se han quejado varios ciudadanos e incluso han exigido indemnización.
La legislación sobre este registro de nombres de pasajeros se aplica desde el año 2004 en los vuelos comerciales entre Europa y Estados Unidos.
Son sobre todo las compañías ferroviarias las que rechazan esta propuesta. La Comunidad Europea de Ferrocarriles advirtió de que los controles afectarían a las compañías ferroviarias y que reducirían el número de pasajeros.
La legislación sobre este registro de nombres de pasajeros -PNR, por sus siglas en inglés- se aplica desde el año 2004 en los vuelos comerciales entre Europa y Estados Unidos, para compartir datos de los viajeros en la lucha contra el terrorismo.
Trece años después, la amenaza continúa y ahora cuatro países de la Unión Europea tratan de empujar a sus vecinos para que se aplique también a los viajes ferroviarios.
Fuente y fotografía: bez
