El nuevo órgano contará con rango de subsecretario y tendrá como misión coordinar la atención a víctimas y familiares de accidentes ferroviarios, aéreos, marítimos y por carretera.
El Consejo de Ministros aprobó hoy un Real Decreto para crear la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, una nueva estructura permanente destinada a coordinar la asistencia a las personas afectadas y a sus familiares. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, busca asegurar la continuidad de la atención una vez finalizadas las actuaciones de emergencia que siguen a un accidente.
El nuevo defensor tendrá rango de subsecretario y actuará como interlocutor de referencia entre las víctimas y las distintas administraciones, organismos y entidades involucradas. Entre sus principales funciones figuran la coordinación institucional, el acceso a la información, el asesoramiento sobre derechos y ayudas disponibles y el seguimiento de los procesos vinculados a cada accidente.
La nueva organización contará con una Oficina del Defensor con rango de dirección general, una Secretaría General, una Subdirección General de Atención a las Víctimas y un Gabinete Técnico. Su ámbito abarcará accidentes de ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasajeros y autobús de competencia estatal.
El Real Decreto adopta una definición amplia de víctima, incluyendo a personas fallecidas, desaparecidas o lesionadas, así como a quienes sufran daños psicológicos, familiares, allegados y personas dependientes directamente afectadas por el accidente.
Entre sus competencias se incluyen la cooperación con la AITAT, la elaboración de protocolos de asistencia, la colaboración con asociaciones de víctimas y la preparación de informes de seguimiento. Además, en los tres meses posteriores a su nombramiento, deberá presentar una propuesta de mejora del marco normativo de atención a las víctimas con participación de las asociaciones representativas.
El Gobierno señaló que esta figura no sustituirá a otros organismos ni afectará a las competencias de comunidades autónomas, ayuntamientos o autoridades judiciales.
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