El Real Decreto-ley impulsado por el Ejecutivo permitirá agilizar el acceso a compensaciones económicas y reforzar la protección social de las personas afectadas por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo.
El Consejo de Ministros aprobó hoy un Real Decreto-ley destinado a establecer medidas urgentes de apoyo para las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo. La iniciativa, presentada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, moviliza un total de 30 millones de euros para agilizar el acceso a ayudas económicas y anticipos de indemnizaciones.
La cuantía se distribuye en 15 millones de euros para ayudas urgentes y otros 15 millones destinados a anticipos vinculados a los seguros de responsabilidad civil. Según el Ejecutivo, estas prestaciones serán compatibles con otras indemnizaciones previstas en la normativa vigente y estarán exentas de tributación.
En caso de fallecimiento, las familias podrán recibir una ayuda superior a 72.121 euros, además de una cantidad equivalente en concepto de anticipo del seguro. Para las personas con lesiones, las cuantías varían según la gravedad, desde algo más de 2.404 euros hasta más de 84.141 euros, aplicándose igualmente anticipos de importe equivalente.
La norma también establece medidas específicas en materia de Seguridad Social. Las bajas por incapacidad temporal derivadas del accidente serán consideradas como accidente de trabajo a efectos de prestación económica, mientras que determinadas pensiones vinculadas a incapacidad permanente, viudedad u orfandad podrán calcularse conforme a criterios más favorables.
En otra línea de acción, el Gobierno creará Oficinas de Atención Integral para asistir a las víctimas en la gestión de ayudas y trámites administrativos. Asimismo, el decreto incorpora la limitación temporal de precios en transportes alternativos y alojamientos relacionados con los desplazamientos afectados por la interrupción de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.
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