El Tren de Alta Velocidad que quiere Bilbao no solo exigirá un esfuerzo económico a las instituciones vascas, sino que habrá que armarse de paciencia con el calendario. El proyecto que manejan el Gobierno vasco y el Ayuntamiento tiene un plazo de ejecución de cinco años y medio entre declaración de impacto ambiental, licitación y obras, con lo que en el mejor de los casos la llegada del TAV se pospondría a 2022. Una fecha cercana a las previsiones que baraja Fomento, que insiste en que la única forma de evitar retrasos y cumplir la promesa de 2019 es entrar en la ciudad en superficie y dejar para más adelante el soterramiento.
Posponer el cierre de la trinchera no es una opción para las autoridades municipales. El concejal de Obras y Servicios y primer teniente de alcalde, Ricardo Barkala, lo recordó ayer en una comparencia a petición propia ante los grupos políticos para informar sobre los avances en el proyecto. «El tren va a entrar soterrado sí o sí, porque sería imperdonable no aprovechar la oportunidad para eliminar la gran barrera de la ciudad. No podemos apoyar otra solución, los bilbaínos no nos lo perdonarían», insistió.
La voluntad política, en la que coinciden todos los partidos porque incluso los contrarios al TAV abogan por cerrar la brecha entre Abando y Bilbao La Vieja, es lo único claro en este momento. La oposición preguntó por plazos y presupuestos y Barkala aportó el dato de los cinco años y medio que costaría llegar bajo tierra hasta Abando, a un nivel que permita, en una fase posterior, enterrar también las vías de cercanías y largo recorrido para liberar 90.000 metros cuadrados. No sería tanto retraso como ha calculado Fomento, que habló de esperar a 2023 o 2024, pero se acerca bastante.
¿Y las cafeterías?
El primer teniente de alcalde reconoció que en una actuación de esta envergadura «pasan cosas» y tanto los plazos como «los números finales, los míos y los de Adif», están sujetos a modificaciones. Pero lo que no admite ningún cambio es la decisión de llevar el tren bajo tierra hasta el final del recorrido. «Tan importante o más que la propia infraestructura es el impacto en la ciudad», zanjó. Un proyecto que hará avanzar a Bilbao «en cohesión económica, territorial y social, liberando espacios de convivencia que ahora algunos ni se imaginan».
El portavoz del PP, Luis Eguiluz, recordó que además de alertar del retraso el Ministerio de Fomento ha emitido un informe muy crítico sobre la propuesta del Gobierno vasco y el Ayuntamiento. Cree que el ahorro será inferior a lo que se espera y quedará «en el chocolate del loro», cuestiona la funcionalidad de la estación y advierte que «hay que atravesar una zona de galerías de la antigua mina Julia». «Ya lo han tenido en cuenta», replicó Barkala. Como respuesta a las críticas «constructivas», reiteró que el proyecto de las instituciones vascas «supone más esfuerzo al principio, pero un ahorro al final» y sobre todo un gran «beneficio social».
La portavoz de UdalBerri, Carmen Muñoz, mostró su preocupación por el compromiso de «implicación económica» que ha anunciado el alcalde. Barkala precisó que el «esfuerzo» no necesariamente implica poner dinero, sino gestionar licencias y aprovechamientos, aunque «si por algo puede endeudarse el Ayuntamiento es por un proyecto estratégico, y este lo es». Con Luis Eguiluz debatió sobre la preparación técnica de Euskotren, después de que el portavoz del PP comparara su trayectoria de «cero kilómetros en alta velocidad» con la de Adif. «No cuestionemos la capacidad de nadie», le pidió. Volvieron a discutir sobre el despliegue de la red -«que ha sido perjudicial para Euskadi y el que no lo vea está ciego»- e incluso sobre las tiendas y cafeterías de la futura estación, que para Barkala «harían competencia» a los negocios del entorno. Mucho camino por desbrozar, aunque continúan las conversaciones con el equipo de la ministra en funciones y Eguiluz se mostró convencido de que «estamos de acuerdo en lo básico, en lo importante».
